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Gualeguaychú » El Dia
Fecha: 09/05/2026 20:50
La Casa Rosada analiza un proyecto para endurecer las restricciones sobre la actividad partidaria de los funcionarios. La iniciativa está inspirada en la normativa estadounidense conocida como Hatch Act. El Gobierno trabaja en una reforma de la Ley de Ética Pública para endurecer las reglas sobre el comportamiento de los funcionarios. La iniciativa apunta a fijar con mayor detalle qué usos de oficinas, teléfonos, vehículos y otros recursos del Estado están vedados para actividades partidarias o políticas. En el Ejecutivo explican que la idea es ser más estrictos con las conductas dentro de la administración y establecer límites más precisos para evitar que se mezclen función pública y actividad política. El ejemplo que ponen cerca del oficialismo es el de un funcionario que haga llamados partidarios desde el teléfono de su oficina en un edificio público, una conducta que buscan dejar expresamente alcanzada por la norma. Los cambios que analizan en la Casa Rosada no parten desde cero. La ley argentina ya fija deberes generales de conducta y la normativa de empleo público prohíbe el proselitismo o la acción política con el cargo, pero el proyecto en estudio buscaría bajar esas pautas a supuestos más concretos: uso de correos institucionales, tiempo de trabajo, teletrabajo, redes sociales, vehículos oficiales, presión sobre subordinados, organización de actividades partidarias y posible pedido o recaudación de aportes políticos desde el Estado. En Balcarce 50 no descartan que también abarque modificaciones sobre quién investiga y cómo se sancionan esas faltas. La referencia que miran es la Hatch Act de los Estados Unidos, aunque con adaptación local. Esa ley restringe la actividad política partidaria mientras el empleado está de servicio, en una oficina pública, con uniforme o usando un vehículo oficial. Prevé además sanciones que van desde una advertencia escrita hasta el despido. El modelo estadounidense también incorpora otro punto que en el Gobierno ponen la mira: protege a los empleados frente a la coerción política, de modo que no puedan ser castigados por negarse a hacer campaña o aportar dinero a un partido. Tras una reforma de 1993, la norma amplió la actividad política permitida fuera del horario laboral para la mayoría de los agentes, pero mantuvo en pie esas prohibiciones básicas dentro del Estado. Es por eso que en el Ejecutivo advierten que una eventual reforma puede abarcar definiciones más específicas sobre qué conductas quedarían prohibidas sobre el armado político desde la función pública, pedidos de apoyo electoral o difusión de mensajes de campaña, entre otros puntos. La reforma, de todos modos, no forma parte de la agenda del corto plazo.
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